Los gobiernos de facto en Argentina se caracterizaron por su tendencia a suspender el orden constitucional, proscribir partidos políticos como el peronismo, restringir la participación de la UCR y manipular o suprimir las elecciones. Estas acciones fueron justificadas bajo la premisa de restaurar el orden y combatir el comunismo, aunque resultaron en la violación de derechos humanos y la supresión de la democracia.
