A mediados del siglo XVIII los criollos de origen español controlaban buena parte del comercio y de la propiedad agraria, por lo que tenían un gran poder económico y una gran consideración social, pero estaban desplazados de los principales cargos políticos en favor de los nacidos en España.
En Nueva España, la ley prohibía el matrimonio entre un funcionario español peninsular en ejercicio y una criolla; es decir, mujer blanca nacida en América descendiente de españoles. Esto no impedía que se efectuaran uniones de hecho entre mujeres criollas y funcionarios españoles.
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