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Esta semana, el Consejo Coordinador Empresarial presentó la Agenda de Competitividad 2010-2011; un documento que contiene un conjunto de recomendaciones hacia el Ejecutivo y el Legislativo Federales, para mejorar la competitividad de nuestro país...
Esta semana, el Consejo Coordinador Empresarial presentó la Agenda de Competitividad 2010-2011; un documento que contiene un conjunto de recomendaciones hacia el Ejecutivo y el Legislativo Federales, para mejorar la competitividad de nuestro país.
La Agenda hace referencia al último reporte del WEF (Foro Económico Mundial), donde se ubica a México en el lugar 60 de 133 países y en la sexta posición entre los países de Latinoamérica. Dicho reporte identifica como los principales problemas para realizar negocios en México: la ineficiencia de la burocracia, la corrupción, el crimen y el robo, el acceso al financiamiento y las regulaciones laborales restrictivas. Identifica, además, importantes debilidades que frenan el crecimiento, entre estas últimas: la incapacidad de nuestro sistema educativo de generar una fuerza laboral calificada.
La demanda de mano de obra mexicana en el mercado laboral de nuestro vecino del Norte, así como el flujo de dólares que implica, es evidencia de que la mano de obra mexicana es competitiva, aunque no calificada. En estos términos, lo que hace falta es operar un sistema que nos permita dar, a nuestra mano de obra, el carácter de “calificada”.
Así lo confirman las recomendaciones de la Agenda de Competitividad 2010-2011, agrupadas en doce capítulos: 1) Reforma del Estado; 2) Estado de Derecho; 3) Gobierno Eficiente; 4) Fiscal; 5) Educación; 6) Salud, Empleo y Seguridad Social; 7) Medio Ambiente; 8) Energía; 9) Financiero; 10) Transporte; 11) Comercio interior y exterior; 12) Innovación y Desarrollo Tecnológico. En cada capítulo divide las recomendaciones en aquellas que pueden ser instrumentadas por el Ejecutivo Federal y aquellas que ameritan la intervención del Legislativo, haciendo, además, una valoración de la factibilidad política y del impacto económico de cada propuesta.
Para valorar la factibilidad política, se establecieron tres criterios: Alto, Medio, Bajo; para valorar el impacto económico, los criterios se determinan a partir del valor presente neto que la recomendación aportaría, como porcentaje del PIB: Menos de 0.5%; entre 0.5 y 5%; Más de 5%.
Me referiré a las recomendaciones en el capítulo de Educación, por el alto impacto que tendrían en el mercado de la seguridad privada, que es altamente dependiente de la formación de capital humano. En este capítulo, dentro de las propuestas que el Ejecutivo podría emprender, sin la participación del Legislativo, las hay que se refieren a la calidad y evaluación de la educación, la vinculación de la educación con los requisitos de las empresas, el enfoque en el civismo y la ética, destacando la Certificación y portabilidad de competencias, así como la Promoción y facilitación de la investigación, innovación y desarrollo conforme a las necesidades de las empresas (CONACYT).
Subrayo especialmente la recomendación relativa a la Certificación y Portabilidad de Competencias, dado que, en su mayoría, el capital humano dedicado a la seguridad está conformado por personas formadas en procesos informales de aprendizaje, es decir, que han adquirido su conocimiento y habilidades, a través de la experiencia laboral. Tanto en los niveles operativos, como directivos, encontramos personas cuya especialización ha tenido lugar en el día a día, más que en las aulas. Es en este sentido que, en la Agenda de Competitividad 2010-2011, el Consejo Coordinador Empresarial recomienda, al Presidente, impulsar un sistema de normalización orientado a las necesidades de las empresas y validado por los organismos empresariales; la propuesta textual es la siguiente:
“Promover la canalización de recursos y apoyos suficientes para el adecuado funcionamiento del CONOCER (Consejo de Normalización de Competencias Laborales) como responsable de encabezar los esfuerzos para la certificación y portabilidad de competencias laborales.”
Esta propuesta ha sido valorada, por el Consejo Coordinador Empresarial, con una alta factibilidad política y con un impacto favorable a nuestra economía, de entre 0.5 y 5 puntos porcentuales del PIB; junto con la propuesta dePromover y facilitar la investigación, innovación y desarrollo conforme a las necesidades de las empresas (CONACYT), recibió la más alta valoración de entre las propuestas que el Ejecutivo Federal puede implementar, sin requerir aprobación del legislativo, esto en virtud de que el Sistema Normalizado de Competencias Laborales ya existe y está operando en nuestro país.
En cuanto a la industria de la seguridad privada, ya existen estándares publicados en el Diario Oficial de la Federación, instrumentos de evaluación, organismos certificadores y centros de evaluación que hacen posible el reconocimiento y certificación de la competencia laboral de niveles directivos y operativos, por parte de la Secretaría de Educación Pública.
Entonces, ¿Qué hace falta para mejorar la competitividad de nuestro sector?
Hace falta la decisión, del empresariado mexicano de la seguridad, de comprometerse con la competitividad del país, al tiempo que incrementa su ventaja competitiva respecto de aquellos que simplemente se dedican a hacer trámites o a ser víctimas de los coyotes.
Hace falta la decisión, del empresariado cliente de nuestros servicios, de transformar sus sesudas recomendaciones en políticas de contratación de personal y de subcontratación de servicios de seguridad a precios justos, que nos permitan generar empleos de calidad.
Usted, ¿podría decirme qué otra cosa hace falta?
porfa si te sirvio mi respuesta agradecemelo
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