20 termidos desconocidos del sgte textoEn el marco de la democracia, los gobiernos han tenido ciertas libertades para actuar de forma autónoma, pero el tipo
de decisiones y la intención de las mismas suelen cambiar entre gobiernos. En Suecia o Noruega, por ejemplo, los
ciudadanos cuentan con la garantía de una democracia plena, donde los gobernantes de turno lideran políticas públicas
en beneficio de la mayoría, con lo que se4 garantiza el cumplimiento cabal de los derechos de las personas y se fortalece
la idea del bien público. Estos gobiernos gozan de plena legitimidad donde las relaciones de poder son ejercidas desde
la lógica del bien común y los ciudadanos participan responsablemente de las decisiones.
Por el contrario, muchos países de África, Asia y Latinoamérica como si bien son regidos por el sistema democrático,
viven realidades completamente diferentes a las expuestas anteriormente. En principio, en estas naciones los gobiernos
desarrollan políticas publicas en beneficio de pequeños grupos económicos y minorías políticas, que por medio de su
poder incide en decisiones que los favorecen y van en detrimento de la mayoría de los ciudadanos. El resultado de este
accionar político es negativo para los habitantes de estos países, ya que se ahondan las desigualdades sociales, la
pobreza, la violencia y la inequidad.
A partir de este problema, indaga sobre las motivaciones de los gobiernos para promover sus políticas publicas y tomar
decisiones.
Existe en nuestros días un consenso generalizado sobre la idea de que el democrático es el sistema político más justo y
positivo entre los existentes. Sin embargo, no por ello debemos olvidar los problemas que arrastra la democracia y que
debe afrontar y superar si quiere convertir en realidad el principio de la libertad y la igualdad de oportunidades para
todos los ciudadanos. Un primer grupo de problemas se relaciona con el papel de los ciudadanos en la democracia,
progresivamente identificado o reducido a la simple práctica electoral. Además, cabe destacar el aumento del
abstencionismo electoral, ya que se constata que el número de personas que participa en las elecciones tiende a
disminuir (en Estados Unidos, por ejemplo, normalmente vota menos de la mitad del electorado). Este fenómeno va
unido a un cierto desprestigio de los partidos políticos, a los que se acusa de estar controlados por una minoría que
impone sus criterios, de falta de debate interno y de excesivos casos de corrupción económica. La rígida disciplina de
voto de la mayoría de los partidos ha hecho decaer la vida parlamentaria y los debates han perdido parte de su función
y de su interés, ya que el voto puede preverse anticipadamente y al margen de las discusiones parlamentarias. Por otro
lado, el elevado coste de las campañas electorales aleja de la pugna política a los partidos que no tienen medios
económicos para financiarlas y deja a los más fuertes en manos de quienes les han concedido apoyo económico. La
necesidad de fondos que los militantes no pueden aportar ha contribuido a utilizar métodos de financiación irregular,
y bastantes veces ha desembocado en casos de corrupción, con la consiguiente merma de confianza del electorado en
la transparencia de las finanzas de los partidos políticos.
También ha perjudicado la salud de la democracia el protagonismo de los medios de comunicación, ya que son los que
canalizan y construyen buena parte de la opinión pública. La guerra de estos medios por la audiencia ha convertido la
legítima oposición política en un "espectáculo" de la política, que otorga un gran poder mediático a las grandes cadenas
televisivas o radiofónicas y a la prensa. Un segundo orden de problemas tiene un cariz más económico y social. Algunos
analistas consideran que existe una contradicción de fondo entre los principios igualitarios de la democracia y la lógica
del sistema capitalista. Denuncian la oposición entre las ambiciones económicas del mundo empresarial, con beneficios
astronómicos, y las expectativas democráticas de los ciudadanos, que exigen no solo libertades políticas, sino también
la consolidación del Estado del Bienestar, garantizado por la redistribución de la riqueza a partir de un sistema fiscal
progresivo. Finalmente, un tercer grupo de problemas se fundamenta en la constatación de que los derechos
democráticos no benefician de la misma manera a todo el conjunto de la población. Cada vez son más numerosas las
voces que reclaman la regulación de unos derechos específicos para determinados colectivos, como las minorías
nacionales en el interior de los Estados, las poblaciones indígenas dentro de las naciones antiguamente colonizadas o
los inmigrantes procedentes del Tercer Mundo.