Una compañía petrolera identificó un yacimiento en una zona en la que vive una comunidad indígena, para la cual extraer el petróleo significa "robarle la sangre a la madre tierra", y por ello se opone a la explotación del yacimiento. La compañía invirtió muchos recursos en un proceso de diálogo con los representantes de la comunidad, pero fue imposible llegar a un acuerdo. Ante esto, y después de un análisis detenido de las posiciones, el Estado le negó a la empresa el permiso de explotación.